Consulado General de Panama 
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), junto a los principales gremios marítimos y otras instituciones del estado, culminaron las reuniones para la revisión de la Ley 57 del 6 de agosto de 2008, conocida como Ley General de Marina Mercante. En total se revisaron 188 artículos, se modificaron 70, se eliminaron 10 y se propusieron más de 12 artículos nuevos, todos aprobados de manera consensuada por la mesa de trabajo. Estas modificaciones buscan mejorar la competitividad del Registro de Naves y mantenernos a la vanguardia en el sector marítimo.
Este proyecto, considerado como uno de los pilares de la presente Administración contempla un agresivo y amplio plan de mercadeo internacional, creación de nuevos departamentos, reasignación de funciones a departamentos o secciones existentes, adopciones de nuevas tecnologías, entre otros, acompañado de la reingeniería y reorientación del Registro.
En este sentido y dentro del marco de la revisión del modelo de negocio propuesto por esta administración, se determinó la necesidad de actualizar la Ley 57 a los estándares y necesidades de la industria y se llamó al dialogo nacional, ya que el Registro de Naves es una responsabilidad de todos y debemos mantenerlo como una fuente de divisas para los panameños.
La competitividad internacional, lo dinámico y cambiante del sector marítimo internacional y el negocio del Estado panameño en torno al Registro de Buques de Panamá, requiere de una estrategia país, que debe fundamentarse en una legislación clara, transparente y que contribuya con un crecimiento sostenible de la actividad.
Cabe destacar que esta actualización y revisión inició en el 2020, y para este año 2023, se plantea tener una revisión completa y una norma actualizada que brinde respuestas a sus clientes, que se ajuste al mercado internacional para que el Registro pueda competir en condiciones de igualdad con otros registros no estatales que presentan opciones innovadoras a los armadores.
En este sentido, se logró incluir varios temas innovadores y positivos en la revisión de la ley, entre ellos:
- La obtención de la Patente de Navegación a través de un proceso directo, sin necesidad de obtener una patente provisional de navegación. Esto genera cumplimiento, ahorra gastos y eficiencia en el proceso de obtención del título de propiedad, e inscripción de la hipoteca de la nave.
- La eliminación de la fecha de vencimiento de la patente reglamentaria de navegación y la licencia de radio reglamentaria para las naves de servicio internacional, lo cual brinda beneficios al cliente y nos sitúa en una posición más competitiva en el mercado. Lo que genera un número único de registro en las naves, esto redunda en mejor control, y seguimiento en la parte administrativa y documental de la Nave.
- La modificación del proceso de notificación dentro del marco administrativo de la Dirección General de Marina Mercante, permitiendo específicamente las notificaciones especiales por correo electrónico en lugar de los edictos colocados en el Departamento de Resoluciones y Consultas. Introduce agilidad y rapidez en los procesos administrativos.
- Se crea el Registro de Agentes Residentes de Naves de la Marina Mercante Nacional, lo cual permite identificar medidas que fortalecerán la debida diligencia y las obligaciones que deben cumplir en el ámbito internacional. Genera un mejor control y administración del recurso.
- Se establece la obligación de inscribir previamente el título de propiedad del vendedor de una nave dentro del procedimiento de cambio de propietario. Esto garantiza mayor transparencia y seguridad en las transacciones.
- Se refuerza la seguridad jurídica para los acreedores hipotecarios de las naves inscritas en Panamá. A partir de ahora, la cancelación de una nave no afectará la validez de las hipotecas previamente inscritas en la Dirección General de Registro Público de Propiedad de Naves de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
- Para fomentar el crecimiento de la flota panameña, se propone un nuevo Régimen de Incentivos.
La mesa de trabajo estuvo conformada por diversos miembros del sector marítimo, gremios y entidades públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), Registro Público de Panamá (RPP), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR), el Colegio Nacional de Abogados (CNA), Colegio Nacional de Gente de Mar (CONAGEMAR), Asociación panameña de Oficiales de Marina (APOM), la Asociación de Armadores panameños (ARPA), las Organizaciones Reconocidas (IARO), la Cámara Marítima de Panamá (CMP). Para el orden y la transparencia de este proyecto, se contó con el apoyo de la Escuela Interamericana de Diálogo Social y Tripartismo de la Universidad de Panamá (EI-DiSTReC).
